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En FUERTES BUESO MIGRACIÓN asesoramos ante problemas con bancos, aseguradoras, empresas, plataformas digitales y servicios de transporte cuando existe una especial conexión con la experiencia migratoria o la movilidad internacional.
Abrir una cuenta, recibir un salario, enviar dinero al extranjero, contratar un seguro médico, financiar una compra o viajar entre países forman parte de la vida cotidiana. Cuando surge un problema, analizamos qué derechos existen, frente a quién debe reclamarse y cuál es la vía más adecuada para resolverlo.
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Problemas con cuentas bancarias y apertura de cuentas.
Cuenta de pago básica y exclusión financiera.
Bloqueos, cierres o incidencias bancarias que requieran revisión jurídica.
Transferencias y remesas internacionales.
Operaciones bancarias no autorizadas y fraude.
Tarjetas y servicios de pago.
Comisiones y condiciones contractuales.
Crédito y financiación al consumo.
Seguros médicos vinculados a procedimientos de extranjería.
Problemas con aseguradoras y cobertura de siniestros.
Contratos, compras y comercio electrónico.
Cláusulas abusivas y servicios defectuosamente prestados.
Reclamaciones de consumo.
Cancelaciones y grandes retrasos de vuelos.
Denegación de embarque.
Equipajes e incidencias de transporte.
Viajes y movilidad internacional.
Reclamaciones ante empresas, Banco de España, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Kontsumobide o AESA, según corresponda.
Disponer de una cuenta bancaria puede ser esencial para cobrar un salario, pagar una vivienda, domiciliar recibos o acreditar medios económicos.
La normativa española reconoce una figura específica: la cuenta de pago básica.
Las entidades que ofrecen cuentas de pago están obligadas a ofrecerla, en los términos legales, a personas que residan legalmente en la Unión Europea, incluso sin domicilio fijo, solicitantes de asilo y personas que carezcan de permiso de residencia cuando su expulsión resulte imposible por razones jurídicas o de hecho. Existen causas legales concretas que permiten denegarla, incluidas determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
Esta regulación tiene especial importancia para personas recién llegadas, solicitantes de protección internacional y otros clientes que pueden encontrar dificultades de acceso al sistema financiero.
Determinadas personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera pueden tener derecho a la gratuidad de los servicios incluidos en la cuenta de pago básica, si cumplen las condiciones económicas y patrimoniales establecidas reglamentariamente.
No debe confundirse, por tanto, el derecho a solicitar una cuenta de pago básica con el derecho a que esta sea gratuita: son cuestiones diferentes y requieren comprobar requisitos distintos.
Cargos desconocidos, utilización fraudulenta de tarjetas, transferencias no reconocidas o determinadas modalidades de fraude digital requieren una actuación rápida.
El régimen de servicios de pago establece que el usuario debe comunicar una operación no autorizada o ejecutada incorrectamente sin demora injustificada desde que tenga conocimiento de ella y fija, con carácter general, un límite máximo de trece meses desde el adeudo para solicitar su rectificación.
Cuando existe una operación de pago no autorizada, la normativa establece como regla la devolución por el proveedor de servicios de pago de forma inmediata y, en todo caso, no más tarde del final del día hábil siguiente, con las excepciones y reglas de responsabilidad previstas legalmente. El simple registro del uso del instrumento de pago no basta necesariamente para demostrar que el cliente autorizó la operación o actuó con negligencia grave.
En estos asuntos deben estudiarse con cuidado la operativa concreta, autenticación, comunicaciones con el banco, actuación del cliente y modalidad del fraude.
Antes de reclamar ante el Banco de España debe presentarse la reclamación previa frente a la propia entidad financiera.
Actualmente, el Banco de España indica que puede acudirse posteriormente a su Servicio de Reclamaciones si la entidad no responde dentro de 15 días hábiles en reclamaciones relativas a servicios de pago, un mes en otras reclamaciones cuando el reclamante es consumidor o dos meses cuando no lo es, o si la respuesta recibida no resulta satisfactoria.
En FBM podemos revisar tanto el fondo del problema como qué organismo es realmente competente, porque no todo producto comercializado por un banco corresponde al Banco de España: determinados productos de inversión corresponden al ámbito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los seguros al de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El propio Kontsumobide realiza esta distinción.
Para muchas familias migrantes las transferencias internacionales y remesas son operaciones habituales.
Cuando surge una incidencia debemos identificar:
quién prestó el servicio
qué importe se ordenó
qué importe llegó
qué comisiones se aplicaron
qué tipo de cambio se utilizó
si la transferencia fue autorizada
dónde se encuentra el proveedor
qué normativa resulta aplicable
No toda pérdida relacionada con una transferencia internacional constituye fraude bancario ni todas las operaciones están sometidas exactamente al mismo régimen jurídico.
Los seguros tienen una especial relación con determinados procedimientos migratorios.
El Reglamento de Extranjería vigente exige, en diferentes autorizaciones, disponer de seguro público o privado de enfermedad cuando concurren las condiciones previstas para cada procedimiento. Por ejemplo, el Ministerio exige mantener un seguro de enfermedad para la renovación de la residencia temporal no lucrativa.
Por ello FBM puede revisar no solo si se ha contratado una póliza, sino si la documentación del seguro resulta adecuada para el procedimiento migratorio concreto.
También podemos analizar conflictos relativos a:
coberturas
exclusiones
rechazo de siniestros
interpretación de pólizas
seguros médicos
seguros de viaje
cancelación
primas
comunicaciones contractuales
La regulación general continúa contenida en la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, cuya versión consolidada del BOE incorpora las modificaciones publicadas hasta julio de 2025.
Cuando corresponde acudir al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, existe un procedimiento específico escrito que puede tramitarse también electrónicamente.
También asesoramos cuando el problema deriva de una relación entre una persona consumidora y una empresa o profesional.
Puede tratarse de:
compras
contratos de servicios
comercio electrónico
garantías
financiación
facturación
incumplimientos
condiciones contractuales
cláusulas potencialmente abusivas
Lo primero es comprobar que jurídicamente existe una relación de consumo y después determinar qué normativa sectorial se aplica.
Ser extranjero no reduce por sí mismo los derechos de una persona como consumidora. Tampoco significa automáticamente que sea una persona consumidora vulnerable: la vulnerabilidad debe analizarse atendiendo a las circunstancias concretas de la relación de consumo.
En Euskadi, Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo permite presentar reclamaciones, quejas y denuncias de consumo de forma electrónica o ante sus servicios territoriales y Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora.
Pero una reclamación de consumo, una actuación ante un supervisor y una demanda judicial no producen necesariamente los mismos efectos.
Antes de iniciar actuaciones analizamos qué se pretende conseguir:
devolución de dinero
cumplimiento contractual
indemnización
corrección de una práctica
declaración de nulidad
sanción administrativa
y elegimos la vía en función del objetivo.
La movilidad internacional genera también conflictos frecuentes relacionados con:
cancelaciones · grandes retrasos
denegación de embarque
cambios de clase
equipajes
gastos extraordinarios
condiciones del billete
El Reglamento (CE) 261/2004 continúa siendo la norma europea central en materia de cancelación, gran retraso y denegación de embarque dentro de su ámbito de aplicación. AESA mantiene el procedimiento oficial de reclamación correspondiente.
Actualmente, para incidencias incluidas en el procedimiento de resolución alternativa aplicable a vuelos desde el 2 de junio de 2023, debe reclamarse primero a la compañía aérea. Si no responde en un mes o su respuesta no es satisfactoria, puede acudirse a AESA; las decisiones de AESA dentro de este procedimiento son vinculantes para la compañía.
No todas las incidencias relacionadas con un vuelo corresponden a AESA. Por ejemplo, la propia Agencia remite determinadas controversias contractuales a las autoridades de consumo o a los tribunales.
Un mismo asunto puede afectar simultáneamente a varias áreas:
cuenta bloqueada → dificultad para acreditar medios económicos
seguro inadecuado → problema en una autorización de residencia
fraude bancario → pérdida de los recursos destinados a un procedimiento migratorio
vuelo cancelado → problemas de entrada, regreso o documentación
financiación o contratación → conflicto de consumo con dimensión internacional
Cuando existe esa conexión, analizamos conjuntamente el problema de consumo y sus consecuencias migratorias.
1. Identificamos el contrato y el problema
Revisamos contrato, póliza, cuenta, operación, compra o transporte afectado y recopilamos la documentación.
2. Determinamos quién debe responder
Empresa, banco, aseguradora, compañía aérea, intermediario u otro prestador.
3. Elegimos el canal adecuado
Reclamación directa, supervisor sectorial, consumo, mecanismo alternativo de solución de controversias o vía judicial cuando resulte proporcionada.
4. Valoramos la conexión migratoria
Cuando el asunto afecta a residencia, extranjería, movilidad internacional o situación económica acreditable, coordinamos ambas vertientes.
Prestamos asesoramiento desde el País Vasco a clientes de Bilbao, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, así como online en toda España y desde el extranjero.