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En FUERTES BUESO MIGRACIÓN asesoramos a personas extranjeras que han sufrido violencia, discriminación, explotación, trata u otras situaciones de especial vulnerabilidad, prestando especial atención a las consecuencias que estos hechos pueden tener sobre su residencia, trabajo y permanencia en España.
No todas las situaciones activan las mismas medidas de protección. Por eso analizamos conjuntamente los hechos, la situación administrativa, la documentación disponible, la existencia de procedimientos penales o administrativos y las posibles vías de protección en extranjería.
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Mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
Víctimas extranjeras de violencia sexual en los supuestos previstos legalmente.
Víctimas de trata de seres humanos.
Explotación laboral.
Situaciones de discriminación por origen racial o étnico, nacionalidad u otras circunstancias protegidas.
Discriminación en el empleo.
Discriminación en vivienda o acceso a servicios.
Delitos y situaciones de violencia con dimensión migratoria.
Autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
Suspensión o revisión de procedimientos de expulsión cuando legalmente proceda.
Requerimientos y procedimientos de extranjería relacionados con la condición de víctima.
Coordinación con procedimientos penales, laborales y administrativos.
Derivación y coordinación con servicios especializados cuando el caso lo requiera.
La situación administrativa de una persona extranjera no la excluye de la protección jurídica como víctima.
El Estatuto de la Víctima del Delito reconoce a las víctimas derechos de información, protección, apoyo, asistencia y participación en el procedimiento penal con independencia de su nacionalidad o de que disfruten o no de residencia legal.
También reconoce, entre otros, el derecho a:
entender y ser entendida
recibir información desde el primer contacto con las autoridades
asistencia lingüística
protección de la intimidad
evaluación individual de las necesidades de protección.
La Ley Orgánica 4/2000 contiene un régimen específico para mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
Si al denunciar una situación de violencia de género se pone de manifiesto que la mujer se encuentra en situación irregular, la ley establece que no se incoará el procedimiento sancionador por estancia irregular y que, si ya existiera uno, se suspenderá, al igual que la ejecución de determinadas órdenes de expulsión o devolución.
La normativa contempla una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, inicialmente de carácter provisional en los supuestos legalmente previstos y posteriormente definitiva cuando se acredita la condición de víctima conforme al procedimiento correspondiente.
La autorización definitiva prevista por el Reglamento tiene una vigencia de cinco años y permite trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. También existen previsiones específicas para determinados hijos, personas dependientes y ascendientes.
El Reglamento de Extranjería contiene actualmente un capítulo específico para determinadas víctimas extranjeras de violencia sexual, en desarrollo de la Ley Orgánica 10/2022.
El artículo 137 del Reglamento incluye dentro de este régimen a mujeres, niños y niñas que acrediten haber sufrido actos de naturaleza sexual no consentidos en los términos previstos legalmente y reconoce que estos derechos operan con independencia de la nacionalidad y de la situación administrativa.
La autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales permite trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio español. El procedimiento contempla una autorización provisional cuando concurren los documentos de acreditación previstos legalmente.
Cuando finalmente se acredita la condición de víctima mediante la resolución correspondiente, la autorización definitiva tiene una vigencia de cinco años.
No debe asumirse, sin embargo, que cualquier hecho violento genera automáticamente esta autorización: debe comprobarse qué tipo de violencia existe y qué mecanismo legal de acreditación corresponde.
La trata de seres humanos tiene un régimen específico de protección.
Cuando existen motivos razonables para considerar que una persona extranjera en situación irregular puede ser víctima de trata, las autoridades deben activar el procedimiento de identificación e informarle de las garantías del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000.
La trata puede perseguir distintas formas de explotación, entre ellas explotación sexual, trabajos o servicios forzados y otras finalidades previstas penalmente. El Ministerio de Igualdad recuerda que el delito se encuentra tipificado en el artículo 177 bis del Código Penal.
Para determinadas víctimas extranjeras de trata en situación irregular puede concederse un periodo de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días.
Durante este periodo la víctima puede recuperarse y decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación o procedimiento penal.
Durante la fase de identificación y durante dicho periodo, la Ley Orgánica 4/2000 establece garantías específicas frente a procedimientos sancionadores por estancia irregular y frente a la ejecución de expulsiones o devoluciones en los términos legalmente previstos.
La protección migratoria de una víctima de trata no depende exclusivamente de que colabore en una investigación penal.
La Ley Orgánica 4/2000 permite que pueda concederse una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales:
por colaboración con las autoridades
o
en atención a la situación personal de la víctima.
El Reglamento desarrolla estos procedimientos en sus artículos 148 a 155 y contempla además determinadas autorizaciones para familiares en los supuestos legalmente previstos.
Este punto es especialmente importante: no debe desaconsejarse a una posible víctima buscar ayuda por pensar que necesariamente tendrá que colaborar penalmente para recibir protección migratoria.
La Ley 15/2022 reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación a todas las personas, con independencia de su nacionalidad y de que dispongan o no de residencia legal en España.
La protección alcanza ámbitos especialmente relevantes para las personas migrantes, entre otros:
empleo
educación
sanidad
servicios sociales
vivienda
seguridad ciudadana
Administración de Justicia
bienes y servicios
establecimientos abiertos al público.
Por ejemplo, la ley prohíbe determinadas conductas discriminatorias en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo y obliga también a respetar la igualdad de trato en el alquiler y acceso a vivienda.
La respuesta depende de dónde y cómo se haya producido.
Puede ser necesario valorar:
reclamación laboral
actuación administrativa
denuncia ante Inspección
reclamación frente a un prestador de servicios
actuación civil
procedimiento penal
tutela judicial de derechos fundamentales
La Ley 15/2022 prevé mecanismos dirigidos al cese de la discriminación y a la reparación del daño. Los actos o cláusulas discriminatorias pueden ser nulos y, cuando se acredita una discriminación, pueden existir obligaciones de restitución e indemnización.
Por eso, antes de elegir una vía, debemos determinar qué ocurrió, quién fue responsable, qué puede probarse y qué resultado jurídico se pretende obtener.
La explotación laboral puede aparecer en contextos migratorios particularmente vulnerables.
Debemos distinguir entre:
incumplimientos laborales
explotación laboral con relevancia administrativa o penal
trata de seres humanos con finalidad de explotación laboral
No son categorías equivalentes.
En algunos supuestos, la Ley Orgánica 4/2000 contempla medidas específicas para personas extranjeras en situación irregular que sean víctimas, perjudicadas o testigos de determinadas conductas vinculadas con tráfico ilícito, inmigración ilegal, explotación laboral o explotación en la prostitución y que colaboren con las autoridades.
Por eso conviene analizar conjuntamente la vertiente laboral, penal y migratoria antes de iniciar actuaciones.
En estos asuntos pueden ser relevantes, dependiendo del caso:
denuncias
resoluciones judiciales
órdenes de protección
informes del Ministerio Fiscal
acreditaciones administrativas
informes médicos
mensajes
fotografías
contratos
nóminas
transferencias
testimonios
documentación policial
informes de entidades especializadas
No todos los documentos tienen el mismo valor ni todas las autorizaciones exigen el mismo mecanismo de acreditación.
Un mismo caso puede implicar simultáneamente:
protección personal + procedimiento penal + extranjería + trabajo + familia + vivienda + asistencia social
Por eso FBM no aborda estas situaciones como un simple trámite de residencia.
Cuando sea necesario, coordinamos la estrategia jurídica con servicios de atención a víctimas, entidades sociales, profesionales sanitarios, especialistas penales, laboralistas u otros profesionales.
El Protocolo Marco estatal sobre trata prevé precisamente mecanismos de coordinación entre autoridades públicas y organizaciones especializadas durante las diferentes fases de detección, identificación, asistencia y protección.
1. Priorizamos seguridad y situación jurídica
Identificamos si existe riesgo inmediato, procedimiento penal, orden de expulsión, situación irregular u otra circunstancia que requiera actuación urgente.
2. Determinamos qué régimen jurídico corresponde
Diferenciamos entre violencia de género, violencia sexual, trata, explotación, discriminación u otras situaciones y comprobamos qué mecanismos de protección pueden aplicarse.
3. Protegemos la situación migratoria
Analizamos autorizaciones posibles, procedimientos sancionadores existentes, documentación y efectos sobre residencia y trabajo.
4. Coordinamos las actuaciones
Cuando sea necesario, conectamos la estrategia de extranjería con las actuaciones penales, laborales, familiares o asistenciales correspondientes.
Prestamos asesoramiento desde el País Vasco a clientes de Bilbao, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, así como online en toda España y desde el extranjero.