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En FUERTES BUESO MIGRACIÓN asesoramos a personas extranjeras ante problemas relacionados con su trabajo en España, prestando especial atención a cómo una contratación, un despido, una situación de trabajo irregular o un conflicto laboral puede afectar también a su residencia y situación administrativa.
Tener nacionalidad extranjera no elimina los derechos laborales derivados de una relación de trabajo. La normativa laboral reconoce, entre otros, derechos relativos a remuneración, dignidad, igualdad de trato, seguridad y salud y ejercicio de acciones derivadas del contrato.
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Revisión de contratos de trabajo.
Salarios y cantidades pendientes.
Jornada, horas extraordinarias y vacaciones.
Modificaciones de condiciones laborales.
Despidos y otras extinciones del contrato.
Sanciones laborales.
Trabajo sin contrato o sin alta.
Trabajo sin autorización administrativa.
Discriminación por origen o nacionalidad.
Acoso y vulneración de derechos fundamentales.
Accidentes de trabajo y coordinación con especialistas cuando sea necesario.
Actuaciones ante la Inspección de Trabajo.
Consecuencias laborales sobre renovaciones o autorizaciones de extranjería.
Coordinación entre procedimientos laborales y migratorios.
Una cuestión fundamental en estos asuntos es distinguir entre:
la autorización administrativa para trabajar
y
los derechos derivados de una relación laboral realmente existente.
La Ley Orgánica 4/2000 exige, con carácter general, la correspondiente autorización para que una persona extranjera pueda desarrollar una actividad laboral o profesional cuando resulte exigible.
Pero la ausencia de autorización no significa que el empresario pueda desconocer los derechos del trabajador.
El artículo 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000 establece expresamente que la carencia de autorización de residencia y trabajo no invalida el contrato respecto de los derechos del trabajador extranjero, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponder al empresario. La propia norma establece, no obstante, que quien carezca de autorización de residencia y trabajo no puede obtener prestaciones por desempleo.
Por tanto, trabajar irregularmente y no tener derechos laborales son dos cuestiones distintas.
Una persona puede encontrarse trabajando realmente aunque:
no haya recibido contrato escrito;
no figure correctamente dada de alta;
perciba parte del salario sin declarar;
realice más horas de las reconocidas;
haya sido presentada como autónoma cuando en realidad trabaja bajo organización empresarial;
carezca de la autorización administrativa que debería haber gestionado el empleador.
En estas situaciones deben analizarse conjuntamente la prueba de la relación laboral, los derechos económicos que puedan reclamarse y las posibles consecuencias en extranjería.
La Inspección de Trabajo contempla expresamente entre las irregularidades susceptibles de actuación los trabajadores sin contrato, falsos autónomos, trabajadores extranjeros sin permiso, pagos no declarados, excesos de jornada y otros incumplimientos laborales.
Los plazos en materia laboral pueden ser especialmente breves.
La Ley reguladora de la jurisdicción social establece con carácter general que la acción para impugnar un despido debe ejercitarse dentro de los 20 días hábiles siguientes al despido. Es un plazo de caducidad y no se computan sábados, domingos ni festivos en la sede del órgano jurisdiccional.
Por eso, ante un despido necesitamos conocer inmediatamente:
fecha del despido
carta recibida
contrato
nóminas
comunicaciones con la empresa
situación de alta
autorización de residencia y trabajo
procedimiento migratorio en curso
No conviene esperar a resolver primero el problema de extranjería y ocuparse después del despido: el plazo laboral puede seguir corriendo.
Para una persona extranjera, perder un empleo puede tener consecuencias más amplias que la pérdida de salario.
Dependiendo del tipo de autorización y del momento del expediente, pueden resultar relevantes cuestiones como:
alta en Seguridad Social
continuidad de la relación laboral
cambio de empleador
renovación de autorización
modificación de residencia
desempleo · arraigo sociolaboral
futura acreditación de actividad laboral
Por eso analizamos el problema laboral y el migratorio como partes de una misma estrategia cuando están conectados.
La legislación española protege el derecho a la igualdad y a la no discriminación también en el ámbito laboral.
La Ley 15/2022 protege a toda persona con independencia de su nacionalidad y de que disponga o no de residencia legal, y su ámbito comprende el acceso al empleo, las condiciones laborales, la remuneración, la promoción y el despido.
El Estatuto de los Trabajadores también reconoce el derecho a no sufrir discriminación y a la protección de la dignidad de la persona trabajadora.
Puede requerir especial análisis un trato desfavorable relacionado con:
origen racial o étnico
nacionalidad o condición migratoria cuando opere como factor discriminatorio
idioma
religión
sexo
discapacidad
otras circunstancias protegidas
En determinados casos puede resultar apropiado acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La denuncia formal ante la Inspección puede ser presentada por cualquier persona, cualquiera que sea su nacionalidad. Existe además un buzón para comunicar posibles irregularidades, aunque dicha comunicación no equivale a una denuncia formal.
Antes de acudir a la Inspección conviene decidir qué se pretende acreditar, qué documentación existe y cómo puede afectar esa actuación a otros procedimientos abiertos.
Aunque la empresa no haya formalizado correctamente la relación, pueden existir elementos útiles para acreditar el trabajo:
contrato
nóminas
transferencias
horarios
mensajes
correos electrónicos
cuadrantes
identificación del centro de trabajo
comunicaciones empresariales
justificantes de alta o baja
testigos
documentación de Seguridad Social
La utilidad de cada elemento depende del conflicto concreto.
Un mismo hecho puede generar simultáneamente:
una reclamación laboral + una consecuencia migratoria.
Por ejemplo, la extinción de un contrato puede obligar a estudiar al mismo tiempo una reclamación frente al empresario y la continuidad de una autorización de residencia.
1. Reconstruimos la relación laboral
Revisamos contrato, funciones reales, jornada, salario, comunicaciones, alta y documentación disponible.
2. Analizamos la situación migratoria
Comprobamos autorización actual, derecho a trabajar y consecuencias que el conflicto pueda producir sobre residencia, renovación o futuras solicitudes.
3. Diseñamos una estrategia conjunta
Determinamos qué reclamación laboral procede, qué plazos deben protegerse y cómo coordinarla con el expediente migratorio.
Prestamos asesoramiento desde el País Vasco a clientes de Bilbao, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, así como online en toda España y desde el extranjero.