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En FUERTES BUESO MIGRACIÓN revisamos resoluciones administrativas desfavorables y diseñamos la estrategia de impugnación adecuada, tanto en vía administrativa como, cuando proceda, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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Denegaciones de autorizaciones de residencia o trabajo.
Denegaciones de arraigo.
Denegaciones de reagrupación familiar.
Denegaciones relativas a familiares de españoles o ciudadanos UE.
Denegaciones de visados.
Resoluciones de nacionalidad cuando exista vía de impugnación.
Archivos de expedientes.
Requerimientos y subsanaciones.
Recursos frente a sanciones y expulsiones.
Recursos administrativos.
Recursos contencioso-administrativos.
Solicitudes de medidas cautelares.
Incidencias de notificación.
Silencio administrativo.
Revisión del expediente administrativo.
Coordinación con otras jurisdicciones cuando el caso lo requiera.
Antes de presentar un recurso conviene analizar si la resolución es realmente impugnable, si existen errores jurídicos o probatorios y si la mejor estrategia consiste en:
recurrir
subsanar
presentar una nueva solicitud
aportar nueva prueba
esperar a que cambien determinadas circunstancias
No todos los recursos son útiles y recurrir una resolución sin una estrategia clara puede consumir tiempo y recursos sin mejorar la posición jurídica del cliente.
Cuando un acto pone fin a la vía administrativa, la Ley 39/2015 permite, con carácter general, interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa.
Si la resolución es expresa, el plazo general para interponer reposición es de un mes. Si no existe resolución expresa, puede interponerse desde que se produzcan los efectos del silencio administrativo en los términos previstos legalmente.
Una vez interpuesta reposición, no puede acudirse al recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelta expresamente o se produzca su desestimación presunta.
La Ley 39/2015 regula también el recurso de alzada frente a determinados actos que no ponen fin a la vía administrativa. El plazo general es de un mes cuando el acto es expreso.
Sin embargo, en extranjería no debe asumirse automáticamente que corresponde alzada.
El Reglamento de Extranjería establece que determinadas resoluciones dictadas en materia de visados, prórrogas de estancia, autorizaciones de residencia y trabajo, cédulas de inscripción, sanciones y expulsiones ponen fin a la vía administrativa, por lo que frente a ellas proceden los recursos administrativos o jurisdiccionales legalmente previstos.
Por eso lo primero es leer correctamente el pie de recursos de la resolución y comprobar qué órgano la ha dictado.
Cuando la resolución administrativa pone fin a la vía administrativa, puede ser posible acudir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Con carácter general, frente a un acto expreso el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses desde el día siguiente a su notificación o publicación.
Si previamente se interpuso reposición, deben comprobarse su resolución, la notificación y los efectos del silencio administrativo. El régimen de impugnación del silencio negativo requiere un análisis específico y no debe equipararse automáticamente al de una resolución expresa.
En la práctica, la fecha exacta de notificación es crítica. Por eso recomendamos conservar:
resolución completa
justificante de notificación
comparecencia electrónica
sobres o avisos
justificantes de acceso a sede electrónica
Interponer un recurso no suspende automáticamente todos los efectos de una resolución.
Cuando la ejecución pueda hacer perder al recurso su finalidad legítima, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa permite solicitar medidas cautelares, previa ponderación de los intereses en conflicto.
En situaciones de especial urgencia, el artículo 135 permite solicitar una medida cautelarísima que el órgano judicial puede resolver inicialmente sin oír a la otra parte.
Este análisis puede ser especialmente relevante en asuntos de:
expulsión
devolución
pérdida de derechos
salida obligatoria
ejecución inmediata
situaciones familiares o personales de especial gravedad
Una parte importante de los litigios de extranjería no nace únicamente de la norma sustantiva, sino de problemas relacionados con:
notificaciones defectuosas;
requerimientos no atendidos;
acceso tardío a una sede electrónica;
cómputo incorrecto del plazo;
presentación ante órgano o canal equivocado;
falta de representación;
documentos no incorporados al expediente.
Por eso, cuando recibimos una resolución, no analizamos únicamente qué dice, sino también cómo y cuándo se notificó, qué procedimiento se siguió y qué consta realmente en el expediente administrativo.
Antes de recomendar una impugnación analizamos:
resolución completa
expediente previo
solicitud presentada
documentos aportados
requerimientos
alegaciones
notificaciones
normativa aplicada
prueba omitida o valorada
situación actual del cliente
plazo disponible
El objetivo no es redactar un recurso genérico, sino identificar qué error jurídico, procedimental o probatorio debe atacarse y qué resultado se pretende obtener.
En algunos expedientes puede ser más útil presentar una nueva solicitud correctamente preparada que mantener durante meses una impugnación con pocas posibilidades de mejorar la situación.
En otros, recurrir resulta esencial porque la resolución contiene un error, afecta derechos relevantes o puede generar consecuencias futuras.
Por eso comparamos siempre:
probabilidad jurídica
tiempo
coste
prueba disponible
consecuencias de esperar
posibilidad de una nueva vía
1. Revisamos la resolución y el plazo
Determinamos fecha de notificación, vía de recurso, órgano competente y vencimiento.
2. Estudiamos el expediente completo
Contrastamos la resolución con la solicitud, prueba aportada, normativa aplicable y actuaciones de la Administración.
3. Definimos la estrategia
Recomendamos recurso administrativo, vía judicial, nueva solicitud u otra actuación cuando resulte jurídicamente más adecuada.
Prestamos asesoramiento desde el País Vasco a clientes de Bilbao, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, así como online en toda España y desde el extranjero.