Abogado de expulsión y sanciones de extranjería en Bilbao y País Vasco

Defensa jurídica ante procedimientos sancionadores y medidas de salida de España

En FUERTES BUESO MIGRACIÓN asesoramos y defendemos a personas extranjeras ante expedientes sancionadores, órdenes de expulsión, devoluciones y otras medidas que pueden afectar a su permanencia en España.

En estos procedimientos es especialmente importante actuar desde el primer momento, porque los hechos imputados, el tipo de procedimiento, las circunstancias personales y familiares y los plazos de defensa pueden determinar el resultado del expediente.

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"Tu camino, tus derechos."

¿En qué podemos ayudarte?

Expedientes sancionadores de extranjería.

Propuestas y resoluciones de expulsión.

Alegaciones durante la tramitación.

Recursos administrativos y judiciales.

Devoluciones.

Prohibiciones de entrada.

Salidas obligatorias.

Medidas cautelares.

Internamiento en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Solicitudes de suspensión y medidas cautelares judiciales.

Consecuencias de antecedentes o procedimientos penales sobre extranjería.

Revisión de vínculos familiares, sociales y residencia previa.

Coordinación con procedimientos de residencia o protección internacional cuando proceda.

Una orden de expulsión no debe analizarse de forma automática

La Ley Orgánica 4/2000 permite que determinadas infracciones graves o muy graves puedan dar lugar a la expulsión en lugar de una multa, pero exige la tramitación del correspondiente expediente y, en los supuestos del artículo 57.1, una resolución motivada que valore los hechos conforme al principio de proporcionalidad. La multa y la expulsión no pueden imponerse conjuntamente por el mismo supuesto.

Por eso, ante un expediente deben estudiarse conjuntamente:

infracción imputada

situación administrativa

tiempo de permanencia

vínculos familiares

arraigo social y laboral

antecedentes

autorizaciones anteriores

procedimientos pendientes

circunstancias de vulnerabilidad

Estancia irregular y expulsión

Encontrarse en España en situación administrativa irregular puede constituir una infracción grave, pero ello no significa que toda situación irregular produzca automáticamente una expulsión.

Cuando la Administración pretende imponerla debe tramitar el procedimiento correspondiente y justificar la medida conforme al marco legal aplicable. El Reglamento vigente regula específicamente cuándo puede iniciarse un procedimiento de expulsión y distingue entre procedimiento ordinario y procedimiento preferente.

Procedimiento ordinario y procedimiento preferente

No todos los expedientes de expulsión se tramitan de la misma manera.

El Reglamento establece como regla el procedimiento ordinario, pero prevé un procedimiento preferente en determinados supuestos y también cuando, en casos de estancia irregular, concurran circunstancias como riesgo de incomparecencia o actuaciones dirigidas a dificultar la expulsión.

La diferencia es relevante porque afecta a la velocidad del procedimiento, posibilidades de actuación y medidas cautelares.

Por eso, cuando recibes una notificación policial o administrativa, uno de los primeros pasos debe ser identificar exactamente qué procedimiento se ha iniciado.

Prohibición de entrada

La expulsión lleva asociada una prohibición de entrada.

Su duración debe determinarse atendiendo a las circunstancias del caso y, con carácter general, no puede exceder de cinco años. Excepcionalmente puede alcanzar hasta diez años cuando concurra una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública.

La normativa contempla además supuestos en los que la salida voluntaria correctamente comunicada puede tener efectos sobre la imposición o revocación de la prohibición de entrada.

Por eso no conviene abandonar España sin estudiar previamente cómo debe documentarse y comunicarse la salida.

Internamiento en un CIE

En determinados expedientes la Administración puede solicitar judicialmente el ingreso de una persona extranjera en un Centro de Internamiento de Extranjeros para asegurar la ejecución de la expulsión.

El internamiento no lo decide unilateralmente la Administración: requiere autorización de un Juez de Instrucción, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, y debe valorarse conforme al principio de proporcionalidad y a las circunstancias del caso.

La duración debe limitarse al tiempo imprescindible y la Ley establece actualmente un máximo de 60 días para el mismo expediente.

En estas situaciones la actuación jurídica debe ser inmediata.

Tener una orden de expulsión no significa que ya no exista ninguna vía de defensa

Dependiendo de la fase del expediente pueden existir distintas actuaciones:

alegaciones

prueba documental

recurso administrativo

recurso contencioso-administrativo

solicitud de medidas cautelares

revisión de procedimientos de residencia

protección internacional cuando proceda

La estrategia depende de si existe únicamente una incoación, una propuesta, una resolución administrativa firme o una actuación dirigida ya a ejecutar la expulsión.

No debe tratarse igual una persona que acaba de recibir la apertura del expediente que otra cuya expulsión se encuentra en fase de ejecución.

Especial atención a los vínculos personales y familiares

La Ley establece garantías específicas para determinadas categorías de extranjeros y obliga, en diferentes supuestos, a tomar en consideración circunstancias como el tiempo de residencia, los vínculos creados, la edad y las consecuencias de la expulsión para la persona y su familia.

Por eso es importante aportar desde el principio documentación que pueda acreditar, cuando sea relevante:

familia en España

hijos menores

residencia previa

empleo

vivienda

formación

integración

estado de salud

vulnerabilidad

otras circunstancias personales

Si también existe un procedimiento penal

Un procedimiento penal puede tener consecuencias importantes sobre la situación migratoria.

La Ley Orgánica 4/2000 contempla determinados supuestos de expulsión vinculados a condenas penales, y el Reglamento contiene reglas específicas cuando la persona extranjera está procesada o investigada en procedimientos por delitos.

En estos casos conviene coordinar desde el principio la estrategia penal y la estrategia de extranjería, porque una actuación en un procedimiento puede afectar al otro.

Cómo trabajamos

1. Revisamos inmediatamente el documento recibido

Identificamos infracción, procedimiento, órgano competente, fase y plazo.

2. Reconstruimos tu situación completa

Analizamos residencia, familia, trabajo, antecedentes, arraigo, procedimientos anteriores y documentación disponible.

3. Diseñamos la defensa

Preparamos alegaciones, prueba, recurso o actuación judicial según la fase concreta del expediente y valoramos medidas urgentes cuando sean necesarias.

Atención en español, inglés y francés

Prestamos asesoramiento desde el País Vasco a clientes de Bilbao, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, así como online en toda España y desde el extranjero.

¿Has recibido una propuesta de expulsión, una sanción o una resolución de devolución?

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